Las bandas juveniles

Una banda juvenil es un grupo de jóvenes duradero, orientado a la calle y cuya identidad colectiva incorpora la actividad ilegal como uno de sus rasgos. Esa definición —la que acordó a comienzos del siglo XXI la red europea de investigadores Eurogang tras dos décadas de discusión— parece modesta, y lo es a propósito: cada palabra está ahí para excluir algo. «Duradero» descarta la pelea de una noche; «orientado a la calle» descarta la pandilla escolar y el grupo de deporte; «parte de la identidad» descarta al grupo cuyos miembros delinquen por su cuenta. Lo que queda fuera de la definición es justamente lo que la conversación pública da por supuesto: jerarquía, nombre, territorio, iniciación y mando. Nada de eso es constitutivo, y su ausencia es el hallazgo más repetido de cien años de trabajo de campo.

El estudio de las bandas empieza como un estudio del suelo urbano. Frederic Thrasher publicó en 1927 el censo de 1.313 bandas de Chicago y sostuvo que no aparecían donde había mala gente sino donde había un vacío: el cinturón de casas de vecindad entre el distrito comercial y los barrios residenciales, con familias recién llegadas, escuelas desbordadas y solares sin dueño. Clifford Shaw y Henry McKay dieron en 1942 la prueba más elegante de esa tesis en Juvenile Delinquency and Urban Areas: al cartografiar las tasas de delincuencia juvenil de Chicago durante tres décadas encontraron que las zonas mantenían su tasa mientras las poblaciones que las habitaban se sustituían por completo —irlandeses, después italianos, después polacos, después afroamericanos—. Si la tasa se queda pegada al barrio y no a la gente que pasa por él, la explicación no puede ser cultural ni étnica. Es una de las inferencias más limpias que ha producido la Escuela de Chicago, y sigue siendo el mejor antídoto contra la lectura racial de la delincuencia juvenil.

William Foote Whyte añadió en 1943 lo que faltaba: la estructura interna. Street Corner Society es el resultado de tres años y medio viviendo en el North End italiano de Boston, y su descubrimiento contradecía la idea reinante de que el barrio pobre era un caos social. Whyte encontró lo contrario: una jerarquía estable en el grupo de la esquina, con posiciones que se sostenían por obligaciones recíprocas y no por la fuerza, y una correspondencia sorprendente entre el rango de cada chico y su rendimiento en cosas tan menores como los bolos. El slum no estaba desorganizado; estaba organizado de una manera que las instituciones oficiales no reconocían. A partir de ahí la sociología dispuso de dos explicaciones rivales de la delincuencia de grupo: la de Albert Cohen (1955), que la veía como inversión deliberada de los valores de clase media que la escuela impone y no permite alcanzar, y la de Walter Miller (1958), que la veía como cumplimiento normal de las preocupaciones centrales de la cultura obrera —dureza, astucia, emoción, autonomía— sin ninguna intención de protesta. Sesenta años después la disputa sigue sin resolverse, entre otras cosas porque las dos predicen las mismas conductas.

El correctivo más incómodo llegó de dentro. Lewis Yablonsky sostuvo en 1959 que la banda violenta no es un grupo en el sentido sociológico, sino lo que llamó un casi-grupo: pertenencia difusa, sin acuerdo entre miembros sobre quién está dentro, liderazgo inestable y una organización que existe sobre todo en la imaginación de tres partes interesadas —la policía, los medios y los propios chicos, que exageran su cohesión porque de ella depende su reputación—. Malcolm Klein llevó el argumento hasta su consecuencia práctica en el proyecto de Ladino Hills (Los Ángeles, años sesenta), y el resultado debería figurar en cualquier manual de política pública: los programas de educadores de calle que trabajaban con la banda como grupo aumentaban su cohesión, y al aumentar la cohesión aumentaba la delincuencia registrada. Cuando Klein invirtió la estrategia y trabajó para disolver el grupo —derivando a los chicos a actividades separadas y retirando el reconocimiento colectivo—, la delincuencia bajó. La intervención bienintencionada había estado subvencionando lo que quería corregir.

Las cifras tampoco resisten un examen atento, y por una razón estructural: las produce el mismo aparato que existe para combatirlas. Klein documentó en The American Street Gang (1995) cómo la creación de una unidad policial antibandas multiplica el recuento de bandas de una ciudad sin que nada cambie en la calle, porque a partir de ese momento hay funcionarios cuya tarea es identificarlas y un formulario que obliga a clasificar. El caso mejor medido de la economía interna lo publicaron Steven Levitt y Sudhir Venkatesh en 2000 a partir de la contabilidad real de un ramo de venta de droga en Chicago, entregada por su propio jefe: los soldados de calle cobraban por hora menos que el salario mínimo legal y asumían un riesgo de muerte violenta comparable al de un frente de guerra, mientras que la cúpula ganaba un múltiplo largo de eso. La banda no era ni la empresa criminal racional del discurso policial ni la violencia sin sentido del discurso periodístico: era una franquicia con salarios malísimos y una cola de aspirantes dispuestos a esperar el ascenso.

La experiencia española e iberoamericana añadió un elemento que la literatura estadounidense no había tratado: la migración transnacional. Cuando en los primeros años del siglo XXI aparecieron en Barcelona y Madrid agrupaciones de jóvenes latinoamericanos con nombres importados —Latin Kings, Ñetas—, la reacción inicial reprodujo punto por punto el guion del pánico moral. El trabajo etnográfico dirigido por Carles Feixa mostró un cuadro distinto: grupos con reglas escritas, cargos, cuotas y un discurso de dignidad étnica, cuya función principal era gestionar el desarraigo de adolescentes reagrupados con padres a los que apenas conocían. La consecuencia política fue inusual: en 2006 la Generalitat de Cataluña inscribió a la organización de los Reyes y Reinas Latinos como asociación cultural, apostando por reconocer el grupo en lugar de perseguirlo. La evaluación de aquella vía sigue siendo discutida, y ahí está el problema general de este campo: la mejor evidencia disponible sobre reducción de violencia juvenil —la de la Operación Ceasefire de Boston de 1996, que se asoció a una caída de en torno a dos tercios en los homicidios juveniles— combinaba disuasión focalizada con oferta de servicios, y sus réplicas en otras ciudades dieron resultados sistemáticamente más débiles. Lo que funciona en un barrio no viaja bien, porque la banda es, como vio Thrasher, una función del sitio.

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