La Revolución francesa

La Revolución francesa es el decenio —de 1789 a 1799— en que la monarquía más antigua y poblada de Europa fue desmontada y refundada sobre principios nuevos: soberanía nacional, ciudadanía, igualdad legal, y con ellos una palabra y una práctica que el mundo no ha soltado desde entonces. Empezó como una quiebra de hacienda y terminó en un imperio napoleónico; en medio, produjo la Declaración de Derechos del Hombre y el Terror, y esa yuxtaposición —los derechos y la guillotina, en el mismo proceso y con los mismos protagonistas— es el problema que la historiografía lleva dos siglos intentando resolver.

El detonante fue fiscal. La monarquía salía endeudada de la guerra de independencia americana —una guerra para debilitar a Gran Bretaña que le costó más de mil millones de libras— y los intentos de reforma de Calonne y Brienne chocaron con la resistencia de los parlamentos y de los privilegiados, exentos de la mayor parte de la carga. La única salida fue convocar los Estados Generales, que no se reunían desde 1614, para mayo de 1789. La asamblea venía con una bomba de diseño: tres órdenes, tres votos, de modo que clero y nobleza —el 2 % de la población— podían imponerse siempre al tercer estado. La disputa sobre el voto por cabeza lo envenenó todo; el 17 de junio los diputados del tercero se declararon Asamblea Nacional y el 20, encerrados fuera de su sala, juraron en la cancha del juego de pelota no separarse sin dar constitución a Francia. El 14 de julio, ante la concentración de tropas alrededor de París y la destitución de Necker, la ciudad asaltó la Bastilla: la fortaleza guardaba pólvora y siete presos, y costó noventa y ocho muertos a los asaltantes. El gesto no liberó a casi nadie; fundó una jornada, que es lo que la revolución vino a ser: una sucesión de días en que la calle decidió.

El verano y el otoño de 1789 concentraron el programa duradero. En agosto, el Gran Miedo campesino —el pánico a un complot aristocrático de bandoleros, que recorrió el campo con saqueos de castillos— forzó a la Asamblea a la noche del 4, en la que los privilegios feudales fueron abolidos en una sesión de renuncias encadenadas; el día 26 se votó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. En octubre, la marcha de las mujeres de los mercados sobre Versalles, primero por el pan y después por el rey, trasladó a la familia real a París: a partir de ahí, la corte y la capital convivieron en sospecha mutua hasta que la huida de Varennes, en junio de 1791, demostró que el rey conspiraba contra la constitución que había jurado, y convirtió la monarquía constitucional en una ficción. La Constitución Civil del Clero de 1790 —que convertía a los curas en funcionarios electos y les exigía juramento— partió Francia en dos: la mitad del clero rechazó el juramento, y con él se abrió la franja de población devota que sería la base de toda la contrarrevolución.

La guerra, declarada a Austria en abril de 1792, precipitó el resto. La jornada del 10 de agosto asaltó las Tullerías y suspendió al rey; en septiembre, con los prusianos avanzando, las masacres de las cárceles —unos mil trescientos presos asesinados por turbas y comités improvisados— y la proclamación de la República inauguraron juntas el año I. El juicio a Luis XVI acabó en la guillotina el 21 de enero de 1793, por 361 votos contra 360: la leyenda posterior de que un solo voto decidió la cabeza del rey es exacta en el margen y engañosa en el sentido, porque la condena a muerte ya reunía mayoría absoluta y lo que se ajustó por un voto fue si admitía condiciones. En 1793-94 la República, cercada por las potencias, por la Vendée levantada en marzo y por los federalismos, se dotó del aparato del Terror: el Comité de Salvación Pública, la ley de Sospechosos, el máximo de precios, la leva en masa, y unos diecisiete mil ejecutados por sentencia —más los muertos sin juicio, que elevan la cuenta a unos cuarenta mil— en el nombre de la virtud republicana. El 9 de Termidor los convencionales, temiendo ser los siguientes, detuvieron a Robespierre, guillotinado al día siguiente; el Directorio que siguió —cinco años de corrupción administrada entre dos calles— fue cerrado por Bonaparte en el 18 de Brumario de 1799.

La interpretación se ha peleado en tres grandes olas. La lectura social del XX —Mathiez, Lefebvre, Soboul— la entendió como la revolución burguesa por excelencia: una clase ascendente derriba el orden feudal y abre el capitalismo. Cobban la dinamitó en los sesenta con una observación incómoda: los revolucionarios no eran industriales sino abogados, funcionarios y rentistas, y el capitalismo francés no despegó tras la revolución sino que se frenó una generación; la «burguesía revolucionaria» es una categoría que describe mal a quienes hicieron la revolución y a lo que obtuvieron. Furet y el revisionismo cultural desplazaron entonces el foco de la estructura social a la cultura política: la revolución fue el descubrimiento de la política como producción de legitimidad por la palabra, y el Terror no un accidente de la guerra sino una posibilidad escrita en la soberanía absoluta del pueblo desde 1789. La tesis de fondo de Tocqueville sigue ordenando el debate: la revolución no rompió la deriva centralizadora de la monarquía, la completó; el Estado que salió de 1799 era más uniforme, más administrado y más fuerte que el del Antiguo Régimen, y en ese sentido la revolución hizo exactamente lo contrario de lo que proclamaba.

La dimensión que ninguna de las tres olas vio al principio es la atlántica. La revolución se hizo con el dinero de un imperio de plantaciones y se deshizo también allí: la sublevación de los esclavizados de Saint-Domingue en 1791, la abolición de la esclavitud decretada por la Convención en 1794 —aplicada de hecho solo donde Toussaint Louverture mandaba— y su restauración por Bonaparte en 1802 produjeron la única revolución de esclavos victoriosa de la historia y la independencia de Haití en 1804, que Francia cobró después con una indemnización que arruinó al país durante un siglo. Y dentro de Europa, la década exportó junto a los ejércitos el Estado de la revolución: el sistema métrico, el calendario republicano, la desamortización de los bienes de la Iglesia, la abolición de los fueros y, ya bajo Napoleón, el Código Civil de 1804, que aún estructura el derecho de medio mundo. Queda la objeción final, la de las historiadoras: la revolución de los derechos excluyó a la mitad —Olympe de Gouges fue guillotinada en 1793 por pedir los derechos de la mujer, y ese año se prohibieron los clubs femeninos—, lo que convierte la universalidad de 1789 en un problema todavía abierto y no en un hecho consumado.

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